Anuarios de Investigación

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2014 - 20152

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Autorsearch.filters.applied.operator.equals: search.filters.author.Orellana Villalobos, Juan CarlosTemasearch.filters.applied.operator.equals: search.filters.subject.Acogimiento institucional

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    Efectividad en la ejecución de las medidas judiciales garantes del principio de protección integral de la niñez y adolescencia, en el departamento de Santa Ana durante el año 2013
    (UNICAES editores, 2014-03-01) Orellana Villalobos, Juan Carlos
    El 27 de abril de 1990 se ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, en nuestro país, a fin de cumplir con las disposiciones legales contenidas en la misma. Como consecuencia, se inició un proceso de modernización y reforma legislativa acorde y en armonía con la Constitución y la normativa internacional en materia de derechos humanos; especialmente en el área de la familia y la infancia. Producto de este proceso entra en vigencia la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), cuya finalidad primordial es garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos contenidos en ella. Asimismo facilitar el cumplimiento de los deberes de todo niño y adolescente en El Salvador. Esta investigación indagó cómo las medidas judiciales de protección plasmadas en la LEPINA se aplican efectivamente a proteger los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, resguardando en todo momento su interés como sujetos de derecho. En virtud que estas medidas implican la separación de los sujetos de derecho de su entorno familiar o comunitario, y de cómo esto puede generar problemas serios en su desarrollo integral. Por tanto, es indispensable que los operadores de justicia, comprendan y se comprometan con el cumplimiento de los principios que sustenta la referida ley con la finalidad de garantizarle a los menores el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos.
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    La política implementada por el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia para la protección integral de los derechos de los menores bajo acogimiento institucional, en el departamento de Santa Ana, año 2014
    (UNICAES editores, 2015-03-01) Orellana Villalobos, Juan Carlos
    El Salvador, con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, asumió el compromiso de adoptar aquellas medidas legislativas y políticas necesarias para dar efectividad a los derechos de los niños y adolescentes. Esto con el fin de garantizar la protección integral de los mismos, en armonía con lo establecido por el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que literalmente reza: “Los Estados Parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”. Es así que en cumplimiento de tales obligaciones surge a la vida jurídica la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), instrumento por el cual se crea el Sistema de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia que se rige bajo los principios de legalidad, participación democrática, eficacia y eficiencia. Esta investigación indagó y analizó el estado actual del funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral e implementación de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia. Ambos son el eje conductor de las políticas públicas que se desarrollan y ejecutan en Santa Ana por los órganos, entidades o instituciones públicas y privadas que integran el Sistema de Protección Integral. Políticas públicas cuyo objetivo es garantizar y facilitar el ejercicio íntegro de los derechos humanos de los niños y adolescentes, especialmente de aquellos que se encuentran bajo acogimiento institucional por orden judicial o administrativa. Dichos entes o instituciones deben actuar bajo cualquier circunstancia en concordancia con el interés superior de estos niños y adolescentes como sujetos activos de derecho. Se trata de describir y evaluar las brechas que pueden existir entre el mandato legislativo contenido en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) y el funcionamiento real del Sistema de Protección Integral, basándose en información documental disponible y entrevistas realizadas a los actores claves partícipes del Sistema.