La política implementada por el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia para la protección integral de los derechos de los menores bajo acogimiento institucional, en el departamento de Santa Ana, año 2014

Abstract

El Salvador, con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, asumió el compromiso de adoptar aquellas medidas legislativas y políticas necesarias para dar efectividad a los derechos de los niños y adolescentes. Esto con el fin de garantizar la protección integral de los mismos, en armonía con lo establecido por el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que literalmente reza: “Los Estados Parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”. Es así que en cumplimiento de tales obligaciones surge a la vida jurídica la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), instrumento por el cual se crea el Sistema de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia que se rige bajo los principios de legalidad, participación democrática, eficacia y eficiencia. Esta investigación indagó y analizó el estado actual del funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral e implementación de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia. Ambos son el eje conductor de las políticas públicas que se desarrollan y ejecutan en Santa Ana por los órganos, entidades o instituciones públicas y privadas que integran el Sistema de Protección Integral. Políticas públicas cuyo objetivo es garantizar y facilitar el ejercicio íntegro de los derechos humanos de los niños y adolescentes, especialmente de aquellos que se encuentran bajo acogimiento institucional por orden judicial o administrativa. Dichos entes o instituciones deben actuar bajo cualquier circunstancia en concordancia con el interés superior de estos niños y adolescentes como sujetos activos de derecho. Se trata de describir y evaluar las brechas que pueden existir entre el mandato legislativo contenido en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) y el funcionamiento real del Sistema de Protección Integral, basándose en información documental disponible y entrevistas realizadas a los actores claves partícipes del Sistema.